Las Misiones de Observación Electoral (MOE) fueron el primer instrumento aprobado en 1989 por todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la promoción de la democracia representativa en el Hemisferio. Luego pasaron a ser parte vital de un consenso y compromiso, consagrados en 2001 en la Carta Democrática Interamericana (CDI/OEA), de ejercer, defender y fortalecer colectivamente, los valores, principios y prácticas democráticas. Una MOE llega solo por invitación del Gobierno. En los últimos 20 años, se han realizado unas 150 MOE, en la mayoría de los países miembros, lo que indica la confianza en su labor.

Sin embargo, últimamente los gobiernos de Venezuela y Nicaragua han descartado las observaciones internacionales, alegando “intervencionismo” en asuntos internos, y sustituyéndolas por misiones de “acompañamiento” de observadores internacionales, invitados por las autoridades electorales, con gastos pagos. Pero estos carecen de independencia o libertad para evaluar el proceso electoral, no pueden hacer declaraciones públicas y deben mantener en confidencialidad sus opiniones o informes a la autoridad electoral. Esta versión desnaturaliza la observación internacional y nadie la considera válida.

No se entiende esta ruptu- ra del compromiso con la CDI/OEA y el rechazo a la observación internacional, al menos que se quieran ocultar al mundo conductas que contravienen valores y prácticas democráticas, o no se tenga la confianza y seguridad suficiente para recibir críticas y recomendaciones, como las que hicieron la Misión de la OEA y de la Unión Europea luego de las elecciones legislativas de 2005 en Venezuela. La intolerancia y la prepotencia también pueden ser motivos del repudio. A menos, esa es la impresión que deja la no invitación. Por otro lado, gobiernos como los de Colombia, Costa Rica y Paraguay, entre otros, han sabido reconocer irregularidades identificadas en los informes de la MOEs/OEA y han aceptado sus recomendaciones, y hasta han pedido asistencia técnica para corregirlas y fortalecer la institucionalidad electoral. “El que no la debe no la teme.” 

Por qué la objeción
¿Por qué la objeción a las MOE? El mandato concedido a la OEA para observar elecciones no es un mandato para interferir o intervenir en los asuntos internos de los estados miembros, sino para colaborar en sus propios esfuerzos por fortalecer y consolidar sus procesos electorales democráticos. Los criterios estándares, objetivos y prácticas de observación electoral utilizados no son un misterio ni un secreto. Ellos figuran en los acuerdos oficiales sobre Observación Electoral que se subscribe con el ente electoral nacional.

Esencialmente, una MOE observa el comportamiento de todos los protagonistas del proceso electoral, así como su organización y administración por parte de las autoridades electorales, y constata su correspondencia con las normas electorales vigentes en el Código Electoral, la Constitución Nacional y las Resoluciones de las autoridades electorales del país. O sea, los referentes que se utilizan para observar y evaluar el proceso nacional. También se usan criterios universales de transparencia, imparcialidad e integridad electoral, así como de valores y prácticas democráticas establecidos en la CDI/OEA.

La Misión realiza sus tareas “técnicas” y cotidianas durante las tres etapas de todo proceso: La etapa preelectoral, la del día de la votación y la de poscomicios. Sus funciones están a la vista actualmente en documentos e informes de MOES/OEA (http://www.oas.org/es/sap/deco/default.asp).

Para algunos escépticos de las MOE, el solo observar técnicamente el proceso electoral no contribuye mucho a la confiabilidad de las elecciones, y por ello con frecuencia hay ciudadanos que demandan un mayor protagonismo de la Misión para desenmascarar y prevenir el “fraude.” Sin embargo, la experiencia indica que las labores “técnicas”, cuando son rigurosas e imparciales, logran la aceptación de la Misión y sirven de sustento y garantía para realizar otras tareas más “políticas;” a partir del establecimiento de relaciones fluidas con las autoridades gubernamentales, electorales y partidarias para generar la mayor tranquilidad, razonabilidad, integridad y transparencia posible en el proceso electoral, particularmente cuando existe un clima de polarización y desconfianza política entre los protagonistas.

La contribución “política” de la MOE comienza con su llegada. Su mera presencia en el país abre una ventana al mundo, por la cual nadie quiere aparecer como incompetente para organizar elecciones, como intolerante, violento, fraudulento o poco democrático. El saberse observado estimula la buena conducta. Al aparecer en escena, la Misión ya actúa como un factor disuasivo o preventivo de posibles violaciones a las reglas de juego establecidas.

Durante las tres etapas, la MOE se contacta con todos los protagonistas para explicarles sus funciones, conocer sus perspectivas y ponerse a su disposición para colaborar en el proceso; recibe denuncias de irregularidades, las transmite a las autoridades pertinentes y le da seguimiento al tratamiento de las mismas -pero no las resuelve por sí sola ni actúa como policía electoral. Con frecuencia, la Misión es llamada para facilitar el acercamiento entre partes antagónicas en el manejo de diferencias o conflictos, para obtener y transmitir información, y para esclarecer situaciones confusas o contradictorias. A veces opera discretamente para prevenir irregularidades o intentos de violentar el proceso; y su valor aumenta en situaciones de alta competitividad electoral y de cercanía en las encuestas y los resultados, al igual que en ocasiones que requieren revisión del escrutinio o reconteo de los votos.

La MOE en Nicaragua (1990), Paraguay (1993), República Dominicana (1994), Perú (2000) y Venezuela (2000) contribuyeron así a disipar situaciones de crisis que amenazaban la integridad del proceso electoral.

Entre mesura y equilibrio
Desde su origen, los principios y prácticas que se han estipulado para las MOE son la objetividad, la neutralidad, la independencia, y el respeto invariable de las leyes, las costumbres nacionales y los protagonistas del proceso. Por ello, y para fortalecer su credibilidad, las misiones deben siempre buscar el delicado equilibrio entre la irrelevancia y la injerencia o el protagonismo excesivo de primera plana. Invariablemente, deben evitar legitimar a las autoridades electorales o aparecer como “oficialista”, pero tampoco tienen que socavar, con sus críticas a esas autoridades, la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Su desempeño debe ser mesurado y equilibrado, marcado por un espíritu de cooperación con todos los participantes nacionales -teniendo presente que en última instancia son éstos los que resuelven o no las irregularidades o conflictos que pudiesen surgir; y son ellos los únicos que pueden, con sus controles mutuos, garantizar la validez y legitimidad del proceso electoral. La MOE solo puede ayudar a ello, pero no garantizarlo.

La misión también debe ser escéptica de teorías conspirativas y de verdades absolutas, y debe actuar como “abogada del diablo.” No puede descalificar ni convalidar a priori; y debe verificar todas las aseveraciones o denuncias recibidas; debe manejar con prudencia y tino la constante presión y demandas de pronunciamiento proveniente de los protagonistas y los medios de comunicación. Si las MOE no cumplen a cabalidad estos principios y prácticas, es probable que pierdan relevancia y sean sustituidas por observadores nacionales no gubernamentales, incluyendo los mismos partidos políticos que cada vez tienen más capacidad para monitorear y controlar el proceso electoral.

El fortalecimiento
Qué hacer para robustecer las MOE/OEA, como instrumento interamericano realmente efectivo y universalmente aceptado de promoción, defensa, y fortalecimiento de los procesos electorales democráticos? Una manera es estableciendo por Resolución del Consejo Permanente o de la Asamblea General, el principio de la invitación automática. O sea la OEA, su Secretaría General en consulta con el Consejo Permanente, debería tener la facultad para decidir, sin el requisito de previa invitación del Gobierno, el envío de una MOE cuando lo consideren pertinente en el marco de la CDI/OEA. Y éstas deberían instalarse con sus técnicos por lo menos con un mes de anticipación para observar todo el proceso electoral, no solo el día de la elección.

Hoy el fraude ya no pasa necesariamente por el día de la votación. Otra manera, alternativa o complementaria de la anterior, sería establecer la posibilidad del envío de una MOE a solicitud de cualquier poder del Estado (Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Electoral, Defensoría del Pueblo, entre otros) o de partidos políticos o medios de comunicación significativos. Finalmente, los estados miembros deberían establecer en la OEA un fondo especial y permanente que permita la ejecución de MOE sin que la Secretaría General tenga que salir a buscar financiamiento para cada Misión, lo que puede comprometer o condicionar su independencia y efectividad.

(*PHD y ex funcionario de la OEA)