Por: Diego Beas

“Estimado miembro del Congreso: No vale más refugiarse detrás del ‘no entiendo cómo funciona Internet’”. La frase, una reprimenda en forma de chiste, circuló ampliamente por la red durante las discusiones sobre la ley SOPA en el Congreso estadounidense el invierno pasado. La propuesta de ley más importante hasta ese momento sobre la regulación de la red.

El chascarrillo se pondrá a prueba como nunca cuando un órgano oscuro y desconocido de la ONU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones) se reúna en Dubái esta semana y la siguiente para intentar establecer preceptos básicos sobre la regulación y gobernanza de Internet. Sobre todo, de su infraestructura, sus parámetros técnicos y los límites de control de los gobiernos para reglamentar y restringir el paso de la información por su territorio. Por primera vez desde 1988, se revisarán las Regulaciones de Telecomunicaciones Internacionales (RTI), una convención —prehistórica desde el punto de vista tecnológico— que establece parámetros de interconexión e interoperabilidad en telefonía, radio y televisión. La gran interrogante de Dubái es hasta qué punto el organismo intentará tomar control de Internet y su gobernanza.

El problema principal con la regulación de la red es que… nunca ha estado regulada en realidad. Al menos por gobiernos, de forma centralizada o codificada en tratados internacionales. Desde sus inicios, los estándares técnicos de la red los establecieron comités técnicos especializados con la finalidad explícita de que no se estableciera control central o nacional alguno. A finales de los años noventa, cuando Internet crecía exponencialmente y salía del reducto académico y militar de donde surgió, el gobierno estadounidense astutamente entregó la gestión de la red a una organización sin fines de lucro con sede en California (ICANN). Desde entonces la única forma en la que se ha regulado ha sido garantizando un orden y homogeneidad en el sistema de direcciones electrónicas (los URL que se teclean para acceder a cualquier página).

Con más de 2.000 millones de personas conectadas a una red que escapa de su mando, los gobiernos nacionales se encuentran a la defensiva y desesperados por obtener alguna forma de control sobre su funcionamiento. Y es precisamente en torno a esta cuestión que girarán las conversaciones en Dubái.

La red y su arquitectura descentralizada, su falta de centro (físico o virtual) amenaza sobre todo la lógica de control de los estados-nacionales. Carecen, en pocas palabras, de una estructura legal para regularla y hacer cumplir las leyes. Más allá de la discusión técnica, la reunión en Dubái tendrá consecuencias fundamentales para tres temas que hoy en día —para bien o para mal— se articulan y desarrollan en la virtualidad de la red: libertad de expresión, privacidad y desarrollo económico.

Rusia, por ejemplo, preocupada por el uso que hace la oposición de Internet, presiona para conformar un bloque de países que utilicen la reunión para forzar el mando y arrebatar el control a proveedores de acceso y contenidos (los que, por ahora , tienen más control sobre su funcionamiento). Limitar y penalizar, en otras palabras, la forma en la que circula la información. Hacerlo desde un modelo centralizado de censura y vigilancia sancionado oficialmente por una agencia de la ONU. Lo que busca Rusia (en alianza con los BRIC) es burocratizar la gestión de la red como medida de control internacional (el modus operandi de buena parte de las agencias de la ONU). Otros países como Irán hablan ya directamente de desconectar a sus ciudadanos de Internet y crear una red interna propia (se le conoce como el Internet ‘halal’). Un bloque de países árabes, por su parte, busca fórmulas para poder atar la identidad de cualquier ciudadano con sus actividades en la red.

En el caso de las economías avanzadas, las preocupaciones giran más en torno a la privacidad y los retos al desarrollo económico que supone Internet. El Bundestag alemán, por ejemplo, se ha embarcado en un frenesí legislativo que busca castigar a proveedores de contenidos que ofrecen materiales prohibidos desde la lógica de una legislación diseñada hace décadas para la prensa impresa (Francia e Italia se han enfrentado a casos similares). Estados Unidos, por su parte, se debate en cómo balancear la horizontalidad (acceso igualitario) de la red actual con el hambre de las empresas de telecomunicaciones por crear nuevas fuentes de negocio fraccionando el acceso al ancho de banda en base a criterios económicos. Y no hablemos ya de los países que aprueban leyes para beneficiar industrias moribundas amenazadas por el cambio de modelo económico que supone la red.

Por razones muy diversas, en suma, la regulación de la red se vuelve un tema cada vez más contencioso de la agenda internacional. ¿Pueden los estados nacionales arrebatar el control de Internet y ceder su gestión a un organismo internacional? ¿En el interés de quién estaría que así fuese, el de los ciudadanos, los intereses económicos o el de los gobiernos?  Y, quizá más importante todavía, ¿qué implicaciones concretas tendría para el funcionamiento futuro de Internet?

Las discusiones de las próximas dos semanas en Dubái comenzarán a dar algunas de las respuestas sobre la sostenibilidad de la red abierta e interconectada que hemos conocido hasta ahora. Nada garantiza la permanencia de ese modelo. La política, una vez más, lo podría estropear todo.

Fuente: Blog de Diego Beas