La Open Government Partnership (OGP) se creó en el año 2011 como parte de un esfuerzo de la sociedad civil para fomentar que los gobiernos sean más transparentes, eficaces y responsables. Los gobiernos que forman parte de esta organización asumen una declaración a favor de los principios de la transparencia, la participación y la innovación y se comprometen a aprobar y desarrollar su propio plan de acción. Los planes de acción incluidos dentro de OGP deben incluir compromisos medibles y viables, además de tener una duración predeterminada y que ayuden a cumplir los objetivos de transparencia y rendición de cuentas.

En otros blogs se ha analizado el plan de acción del Gobierno de España. El objetivo de estas líneas, sin embargo, es presentar una guía para el gobierno abierto, elaborada de forma colaborativa dentro de OGP, para ayudar a los gobiernos a avanzar hacia los objetivos del gobierno abierto a través de casos prácticos y acciones específicas partiendo de una selección de temas trasversales y áreas temáticas. Una de estas áreas es, precisamente, el parlamento y, por ello, puede resultar de interés avanzar una traducción al castellano, de los principales elementos de esta guía.

Para cada uno de los temas trasversales de la guía se incluyen una serie de compromisos, a modo de ejemplo, que los parlamentos nacionales pueden adoptar para acercarse al modelo de parlamento abierto definido, entre otros documentos, por la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria. Estos compromisos se agrupan en un itinerario definido en cuatro niveles de desarrollo: inicial, intermedio, avanzado y de innovación. A continuación se examinan en detalle dichos compromisos.

– Definir con claridad las reglas sobre la apertura del parlamento y poner los medios para implementarla.

Para hacer posible que los ciudadanos participen en el proceso legislativo, el primer paso esencial es que la ciudadanía pueda comprender la complejidad de las reglas de funcionamiento del parlamento definidas en el reglamento. Para conseguir este punto, la guía para el parlamento abierto formula, entre otras, las siguientes recomendaciones:

• Reconocer que la información no es propiedad de la administración parlamentaria sino de los ciudadanos. Esto incluye regular con claridad un procedimiento de acceso a la información que, en el caso español, deberá ser de aplicación para las cámaras por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Desarrollar un plan para hacer pública el máximo de la información parlamentaria.
• Establecer contactos con plataformas y colectivos ciudadanos para comprender mejor cuáles son sus necesidades de información.
• Desarrollar un manual orientado a los ciudadanos en el que se explique, en lenguaje sencillo, el procedimiento parlamentario.

Como ejemplo de buenas prácticas se cita en la guía una experiencia del Senado de México, que ha desarrollado un plan de acción sobre el parlamento abierto. Otro buen ejemplo es la elaboración por parte del Congreso de los Estados Unidos de un documento que recoge los estándares que deben seguir los documentos parlamentarios para su publicación online.

– Abrir cauces de participación para que los ciudadanos realicen aportaciones dentro del proceso legislativo.

Existen ya en marcha distintas experiencias en España de apertura de foros de participación en el proceso legislativo. Las recomendaciones de la OGP al respecto son:

• Celebrar comparecencias en las comisiones como medio para que colectivos ciudadanos puedan canalizar sus aportaciones.
• Proporcionar canales para que los ciudadanos realicen aportaciones por escrito con comentarios a los proyectos de ley.

– Publicar de forma proactiva información sobre las funciones del parlamento y su trabajo.

Las páginas web parlamentarias son el canal principal para la transparencia activa del parlamento. Desde hace años, los contenidos básicos se han ido ampliando al hilo de las diversas guías y directrices sobre los sitios web parlamentarios que han elaborado tanto la Unión Interparlamentaria como el Global Center for ICT in Parliaments. La Guía de la OGP ofrece las siguientes recomendaciones:

• Asegurar unos contenidos mínimos de la información ofrecida en las páginas web que incluya: funciones del parlamento, información sobre el proceso legislativo, agenda y órdenes del día de las reuniones, información sobre los parlamentarios que incluya en sentido de sus votaciones e información sobre la propia institución parlamentaria incluyendo su presupuesto y el organigrama de su personal.
• Procurar que la información cumpla los requisitos de calidad, integridad, accesibilidad, actualización y carácter completo.

– Hacer que la información parlamentaria sea fácil de entender y comprensible para los ciudadanos y todo ello a través de múltiples canales.

Este punto es fácil de enunciar y difícil de cumplir ya que, por definición, el mundo del derecho, al regular derechos y deberes,  tiene que ser muy preciso en el lenguaje que utiliza para no caer en la ambigüedad o en la confusión. Pero, al mismo tiempo, es cierto que la “jerga” jurídica hace difícil para muchos ciudadanos comprender y acceder al trámite parlamentario. Sobre este paso intermedio en la guía se formulan, entre otras, estas recomendaciones:

• Proporcionar información de contexto sobre los proyectos de ley, por ejemplo, recursos documentales o información estadística.
• Facilitar recursos pedagógicos para grupos específicos como la población en edad escolar.
• Proporcionar múltiples canales para acceder a la información parlamentaria incluyendo las emisiones en streaming de las sesiones.

– Llegar a acuerdos de colaboración con grupos externos al parlamento para incrementar la partición social con el parlamento.

La tecnología ha posibilitado más y mejores formas para que los ciudadanos puedan participar activamente en la política, así como para realizar una fiscalización (“política vigilada“, en términos de Antoni Gutierrez-Rubí) de la actividad parlamentaria. Numerosas plataformas pro-transparencia se dedican activamente a crear recursos online para el seguimiento del trabajo de diputados y senadores. Sobre esta realidad la guía recomienda algunos compromisos que los parlamentos pueden asumir:

• Firmar acuerdos o convenios con las organizaciones de monitorización parlamentaria para colaborar en el desarrollo del parlamento abierto.
• Albergar en el parlamento “hackathons” u otros eventos para explorar las posibilidades de la tecnología en relación con la apertura de datos parlamentarios.

Como ejemplo de buenas prácticas se cita la “Carta compromiso” firmada entre la Cámara de Diputados de Argentina con una serie de organizaciones de monitorización parlamentaria para avanzar hacia la apertura de la información.

– Publicar la información parlamentaria en formatos abiertos.

La apertura de datos parlamentarios es un paso necesario para favorecer la colaboración público-privada. En este sentido las recomendaciones de la guía son:

• Crear una directriz política que asegure que la información parlamentaria difundida cumple con los principios del “open data”.
• Crear portales específicos de open data
• Utilizar formatos que garanticen la interoperabilidad

Como ejemplo de buenas prácticas se puede citar el gran trabajo que está realizando el Senado italiano en el terreno del open data a través del portal http://dati.senato.it

Entre los compromisos de carácter avanzado que propone la guía se encuentran:

– Realizar acciones de difusión dirigidas a los jóvenes y a los sectores históricamente marginados.

– Desarrollar plataformas digitales que permitan a los ciudadanos incrementar su compromiso con el parlamento

En concreto, recomienda:

• Tener una presencia activa como parlamento en las redes sociales siguiendo las “Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los parlamentos” de la UIP.
• Crear un sitio de e-peticiones con unos requisitos sencillos para participar.
• Crear foros deliberativos en relación con la tramitación de iniciativas legislativas.

– Asegurar que los procedimientos adoptados para conseguir un parlamento abierto estén alineados con las mejores prácticas internacionales.

Por último, entre las recomendaciones a las que la guía confiere un carácter más innovador se encuentran:

– Desarrollar y compartir software para aplicaciones parlamentarias en código abierto.

– Hacer posible que los ciudadanos interactúen con los parlamentarios usando dispositivos móviles.

En conclusión, en la guía para un gobierno abierto se encuentran numerosos compromisos que los parlamentos pueden adoptar, en muchos casos sin necesidad de realizar grandes cambios en sus reglamentos, y que pueden contribuir a configurar un parlamento más abierto y más cercano a los ciudadanos.